martes, 11 de noviembre de 2014

La neutralidad de la red llega a la Casa Blanca ¿inquilina o invitada de paso?


Ayer el presidente de los EEUU, Barack Obama, dio un salto cualitativo en favor del debate sobre la neutralidad de la red, mediante un anunció en el cual recomendó a la FCC (Federal Communications Commission, por sus siglas en inglés) establecer reglas que favorezcan dicha neutralidad. Para ello, la medida administrativa a tomar por la FCC y recomendada explícitamente por Obama sería la de reclasificar Internet dentro del Título II del Acta de Telecomunicaciones. Esto supone, al fin, la aplicación del Compromiso Kingsbury a Internet.

¿Qué significa esto, a efectos prácticos? Esto supone convertir Internet en una "utility" como puede ser la línea de teléfono, o el espacio radioeléctrico. Si recordáis el artículo sobre el Compromiso Kingsbury, entonces hablábamos del valor que los gigantes operadores telefónicos -hoy metidos a proveedores de acceso a Internet- habían tenido a la hora de contribuir a su expansión doméstica gracias a que el compromiso alcanzado por Wilson con AT&T impidió la disolución de ésta. A día de hoy, sin embargo, se ha invertido la situación: estas grandes compañías están planteando crear barreras de entrada a las últimas tecnologías mediante alzas de tarifas por el acceso a determinadas paginas o servicios que consumen "demasiado" ancho de banda, obligando a dichos servicios a aumentar sus precios a los internautas para mantener su margen de beneficios. 

Pues bien, la decisión tomada ayer por Obama, algo más de cien años después de la tomada por Woodrow Wilson supone un paso en favor de la expansión tecnológica, y del acceso libre a Internet, aunque ello suponga ponerse en contra de las grandes compañías que proveen de acceso a los ciudadanos. Gracias a declarar Internet como una utilidad pública, se puede construir el marco legal necesario para proteger a los ciudadanos de los EEUU (y del mundo en general, ya que la infraestructura esencial de Internet sigue estando en ese país) de abusos por parte de estas compañías. 

¿Significa eso que la neutralidad de la red está garantizada? Nada más lejos. La FCC es una agencia independiente, y aunque su actual presidente, Tom Wheeler, ha defendido a capa y espada la neutralidad de Internet, es un hecho que no va a ser presidente para siempre. La regulación que esta FCC cree, puede ser desmontada por la siguiente si cambia la coyuntura política. Estamos todavía muy lejos de pasos como el dado por el gobierno de Brasil para fijar la neutralidad de la red en su constitución. No obstante, es un paso adelante. Los republicanos, encabezados por Ted Cruz, ya han puesto el grito en el cielo asegurando que esta medida traerá el apocalipsis y otras desgracias,muy en su línea de tomarlo todo a la tremenda con fina ironía. No es la primera vez que Ted Cruz hace esto. En realidad, sigue con la línea que ha venido sosteniendo en favor de la desregulación de Internet -desregulación que naturalmente favorece a los actores más fuertes económicamente-. Lo que Cruz y los republicanos defienden es que debería ser el Congreso quien regule -o no- Internet, y no un órgano administrativo. No obstante, los únicos pasos que han dado hasta el momento han sido para quitar a dicho órgano cualquier capacidad reglamentaria y no para proceder a implementar una legislación.

Por su parte, el lobby de los gigantes de Internet, el Technology Policy Institute, también ha publicado de la mano de su presidente (Thomas Lenard) una amarga nota de queja sobre la decisión tomada. Para este lobby, la situación actual debería mantenerse y no ve necesaria ninguna regulación adicional al respecto. De acuerdo con ellos, la aplicación del Titulo II del Acta resulta una aproximación "anticuada" y una forma de "matar la innovación". No son conscientes, en mi opinión, que la existencia de buena parte de sus miembros se debe gracias a dicha "anticuada" aproximación. 

Por otra parte, tampoco creo que suponga un perjuicio a la innovación en absoluto, sino más bien lo contrario: la opción contraria supone permitir la adopción de barreras de entrada al mercado que impidan a las start-up poner en marcha sus iniciativas. Solamente mediante una regulación que impida la puesta en práctica de dichas medidas es posible garantizar un mercado más libre e innovador.