Hace unos días Microsoft ha dado a conocer una vulnerabilidad de su navegador Internet Explorer, que deja expuestos a unos 700 millones de usuarios, el 55% de los internautas del mundo. Una cantidad similar a los usuarios de Facebook, o a la de la población de Europa y EEUU unidos, para hacernos una idea de la escala. El origen de la misma tiene lugar en que hace algo menos de un mes, después de varios meses de advertencia, Microsoft dejó de lanzar actualizaciones de seguridad para el sistema Windows XP. Esto ha sido explotado por un grupo de hackers en un ataque de "día cero". Este tipo de ataques son especialmente graves porque se ignora totalmente el riesgo de que se produzcan y ello ha llevado a agencias gubernamentales y empresas de seguridad de todo el mundo a recomendar, directamente, dejar de usar Internet Explorer de forma inmediata. A plazo de un año recomiendan deshacerse de todas las máquinas afectadas. La solución de Microsoft, en un comunicado a Reuters es... que los usuarios actualicen su sistema operativo a Windows 7 u 8, a pesar del costo que esto les suponga.
El dilema aquí se encuentra en que por mucho que Microsoft haya pasado meses anunciando el fin de soporte de seguridad a Windows XP, hay un claro dilema moral en obligar a los usuarios a comprar un sistema operativo nuevo, con la amenaza de ponerlos en riesgo de los ataques de los hackers que no han tardado en producirse. No voy a entrar en la trama conspiranoica sobre esta supuesta operación "Clandestine Fox", revelada por la empresa FireEye. En lo que me importa en este artículo es exponer cómo Microsoft está poniendo en riesgo a buena parte de los usuarios del mundo por conseguir beneficios económicos.
El origen de esta situación está en que Microsoft ha decidido trasladar sus propios costes de mantenimiento del sistema operativo a los usuarios de Windows XP. Por mucho preaviso que haya hecho, no deja de ser una coacción perversa para comprar sus productos. Difícilmente puede hablarse de que aquellos usuarios que adquieran las versiones más recientes de Windows lo estarán haciendo en condiciones de libertad de mercado.
Algo de lo que nadie está hablando es, por ejemplo, qué ocurre con aquellos sistemas que dependen de Windows XP y cuya transición no se ha producido o está pendiente de producirse. No hablo de usuarios particulares, sino de gobiernos (también España) y grandes empresas multinacionales. Las soluciones son diversas, pero muchos terminarán por ceder al chantaje a golpe de talonario.
Este chantaje se ve agravado en el caso de Windows 8, ya que al no tener retrocompatibilidad con la mayor parte de software, va a obligar a los usuarios a recomprar la mayor parte de aplicaciones que usaban hasta el momento. Esto, ni qué decir, puede suponer un coste inasumible para las pequeñas y medianas empresas.
Se trata de un nuevo caso de obsolescencia programada, como ya hemos hablado antes en este blog. La nota relevante en este caso es que en lugar de frenar el avance tecnológico como hizo el Pacto de Phoebus que puso en marcha esta técnica, lo está forzando al obligarnos a comprar productos nuevos sin que tengamos necesidad de ellos. Se trata de una modalidad especialmente perversa y que en el caso del segundo sistema operativo más usado del mundo puede acarrear consecuencias imprevisibles.
ÚLTIMA HORA: Microsoft tuvo que claudicar ante la mala publicidad y ha lanzado un nuevo parche para Windows XP corrigiendo la vulnerabilidad que afectaba a Internet Explorer. Al final, la moraleja de esta historia es que los testarudos heredarán la Tierra.
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