Hipertrofia legislativa

Decía mi profesora de Teoría del Derecho, que el mayor desafío al que se enfrenta el Derecho en nuestra civilización es estar a la altura de su tiempo. Normalmente, el Derecho viaja a la cola de la sociedad, regulando las situaciones que de hecho se producen . Así, para cuando se codificó el Derecho mercantil en España (1825), ya tenía a sus espaldas más de quinientos años de usos jurídicos mercantiles documentados, al menos desde la “Consulado del Mar” (que tuvo su origen en Italia, en 1063, pero que fue importado a España en Valencia, en el año 1283).
Sin embargo, en los últimos años parece que esta tendencia corre el camino de invertirse, y he ahí donde aparece el fenómeno que lleva el título de este artículo. Con el propósito de regular una sociedad en un proceso acelerado de evolución y cambio como la nuestra, el legislador parece haberse empeñado en tratar de “actualizar” en tiempo real el ordenamiento jurídico. Yo me pregunto, sin embargo, si realmente merece la pena este esfuerzo.

En primer lugar, la hipertrofia legislativa produce una enorme inseguridad jurídica. Dos hechos jurídicos exactamente iguales con una diferencia de apenas unos meses, pueden recibir un tratamiento jurídico radicalmente diferente. Además, nuestro atascado sistema judicial hace que un procedimiento dure lo suficiente como para que, cuando se termine, la legislación haya cambiado lo suficiente como para que sea imposible crear una jurisprudencia estable acorde a la ley. Nuestro ordenamiento jurídico depende en gran medida de la estabilidad de esta jurisprudencia, pero sin una continuidad en la legislación, es imposible que se pueda crear.

Por otra parte, la hipertrofia legislativa produce una enorme confusión en el intérprete del derecho, al convertir el ordenamiento en un puzle donde no es fácil encajar las piezas. Además, las cuestiones de forma como la litispendencia cobran una importancia desmesurada. No se trata sólo de un efecto “puzle”, sino que nos encontramos litigando por qué piezas debemos o no debemos utilizar para un determinado supuesto. En tal situación, un procedimiento se alarga innecesariamente, discutiendo supuestos formales que deberían estar claros.

En conclusión, mi opinión es que el legislador debería dejar que la sociedad evolucione, y solo entonces introducir los cambios que sean necesarios, dejando mientras tanto a los jueces y tribunales la interpretación de la ley, en lugar de intentar predeterminarla a golpe de decreto.