viernes, 31 de agosto de 2012

Por un puñado de euros

Mañana día 1 entra en vigor la reforma sanitaria, y eso ha encendido toda clase de interruptores en el país. Todos sabíamos que se producirían recortes con este Gobierno. No obstante, creo que nadie se imaginaba hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. La reforma sanitaria trajo toda clase de reacciones, que se pondrán a prueba mañana. Y algunas de ellas son de rebelión abierta, y no por parte de quienes creeríamos más probable. En total, ocho gobiernos autonómicos han decidido que incumplirán dicha ley. Sólo uno de ellos, el vasco, ha recurrido la misma ante el Tribunal Constitucional. Para mi sorpresa, entre ellos se encuentran tres adalides del recorte: los gobiernos catalán, gallego y castellano-manchego. Algo que celebro, aunque con desconfianza. La pregunta es: ¿por qué?

Deberíamos examinar cada caso por separado. En el caso vasco, hay una estrategia clara que busca obtener un apoyo popular y como resultado renovar o ampliar la mayoría que le ha dado el gobierno al primer Lehendakari no-vascoparlante. Patxi López dijo que no aceptaba la ley, que la recurriría en el Constitucional como efectivamente hizo, y que la desafiaría. Y luego convocó elecciones, a celebrar mes y medio después de la entrada en vigor de la ley. Esto supone fijar gran parte de la estrategia de campaña electoral en este desafío.

El caso andaluz se puede interpretar como una forma de crear una estrategia de partido a "nivel nacional". Dado que son los últimos bastiones socialistas, la defensa del sistema sanitario que han creado es coherente con su agenda y atraerá simpatías que perdieron en los últimos dos años. En términos de caja, salen ganando. Por otra parte, Andalucía depende en ran medida de estos inmigrantes para su economía, en especial para el sector primario.

En el caso de Cataluña, que se había sumado con entusiasmo a la política neoliberal del Gobierno y que se encuentra en una grave situación financiera, la cuestión es de otro tipo de prioridad. Cataluña cuenta con un importante número de inmigrantes irregulares, y por ello, desafiar la ley probablemente sea la mejor forma de evitar dos fenómenos muy perjudiciales: uno, situaciones de alteración del orden público; dos, aparición de un mercado negro sanitario. Cataluña ha anunciado que prestará la atención sanitaria a los inmigrantes, pero que en muchos casos será "incobrable". Es decir, podríamos decir que más que un desafío directo a la ley han escogido "irse por la tangente". Sí cobrará a los que puedan pagarlo. 

Llegamos por tanto al caso que resulta más extraño: el de las Comunidades con Gobiernos del PP que han elegido incumplir la ley, desafiando a su propio partido. De todos ellos, solo el gobierno gallego podría tener incentivos a ello, ya que se encuentra ante unas elecciones inminentes, en la misma fecha que las vascas. La única razón que puedo ver en esta rebelión es el temor a una represión posterior: son conscientes de que estas medidas podrían derivar en responsabilidad penal (se me ocurren varios preceptos, pero entre ellos el art. 284.4 del CP). Algo que cualquier político inteligente evitará a cualquier precio, al menos de forma abierta. Además, este incumplimiento les puede generar rentabilidades indirectas. Estas comunidades que han escogido la rebelión cuentan con saldos demográficos muy negativos, y practicar esta especie de "dumping sanitario" a nivel estatal podría suponer paliar en cierta medida la cantidad de población activa que están perdiendo a través de la emigración. Por muy irregulares que sean, son consumidores y trabajadores que pueden contribuir a aliviar las cuentas de esas Comunidades, que no son precisamente boyantes. 

Por otra parte, debería existir alguna contrapartida. ¿Cuál es el precio de incumplir esta reforma? Aparentemente, ninguno, ya que el Gobierno central no ha anunciado ninguna clase de represalia contra los gobiernos autonómicos rebeldes. Sin embargo, ¿qué credibilidad internacional puede tener un Gobierno que es incapaz de hacer cumplir la ley en su territorio? Podría contestarse que, de todas formas, poca credibilidad puede tener un Gobierno capaz de ordenar crímenes de lesa humanidad con el objetivo de ahorrar un puñado de euros. Desde mi punto de vista, dejar morir a una persona por falta de atención primaria es un crimen de lesa humanidad.  Además, el propósito puede explotarle en la cara, si ello provoca un aumento de la expansión de enfermedades vénereas, por ejemplo. Mientras, el Gobierno sigue manteniendo una legión de asesores, cargos políticos innecesarios, obras faraónicas en infraestructuras innecesarias y toda una serie de disparates contables y fiscales más propios de una organización mafiosa que de un gobierno democrático.