Antes incluso de que me fuera posible avanzar sobre el contenido del anterior MoU, me ha sorprendido leer que España necesitará un nuevo rescate, y ya se están negociando los términos del mismo. Esto ha sido negado por el Portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Simmon O'Connor, y por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. A pesar de ello, tanto el Presidente del Gobierno de España, como el Presidente del BCE, Mario Draghi, han dejado entrever esta posibilidad que podría materializarse según Goldman "Government" Sachs a mediados de septiembre "como muy pronto". Posteriormente, Rajoy se ha sumado a la negativa de un segundo rescate. Lo cual es casi como confirmarlo, visto su historial. De acuerdo con la primera noticia que enlacé, De Guindos habría pedido que se pagara a España el primer tramo de ayuda antes del 12 de septiembre, petición a la que Alemania y Holanda se habrían negado. La razón es que Alemania tiene una cita importante en los tribunales ese día. Si el tribunal constitucional alemán decidiera que la creación del MEDE ha ido en contra de la Ley Fundamental Alemana al haber vulnerado la soberanía popular germana (principalmente, por no haber pasado su creación por el Parlamento Alemán ante una más que previsible derrota en la cámara), lo que puede pasar después es una incógnita. Es difícil que se pueda argumentar una devolución del dinero ya prestado mediante el FEEF comprometido a fondos vinculados al MEDE, no obstante es bastante probable que fuera necesario reformar el MEDE para adecuarlo a la sentencia del tribunal y eso suponga un grave problema para los países al borde de la quiebra. En concreto, el segundo rescate de Grecia, el rescate de Chipre y el/los rescate/s español/es están vinculados a dicho fondo. En caso de que dichos países se vieran sin ese dinero podríamos estar ante la receta perfecta para el apocalipsis: una quiebra desordenada y simultánea de varios países de la Eurozona (aunque con suerte eso no incluiría a España salvo por efecto bola de nieve). Probablemente se podría llegar a una solución de compromiso, como que el FMI adelantase el dinero mientras Europa reestructura el MEDE, pero eso supondría nada más que tomar tiempo prestado del futuro una vez más. Además de meter de nuevo a EEUU y quizá Japón en una recesión, lo cual tendría repercusiones mundiales.
Volviendo a hablar de España, este nuevo rescate comprendería un nuevo MoU, que impondría nuevos ajustes estructurales más duros. ¿Qué se puede ajustar ahora? Echando un vistazo a Grecia y su segundo MoU, podemos suponer que una privatización casi total de la estructura del Estado, con el despido de centenares de miles de empleados públicos. Además posiblemente veamos la creación de nuevos impuestos y la subida de otros (incluyendo una nueva subida del IVA), además de un nuevo recorte de salarios "para fomentar el empleo". Sin emabargo, hasta los economistas neoliberales se percatan de que una insolvencia de España podría suponer un auténtico colapso mundial de la economía. Esa insolvencia puede producirse por la falta de rescate, pero también por el mandato de nuevos recortes que terminen por colapsar la economía y provocar que el Estado termine gastando más de lo que ha ingresado por el rescate.
Repasando el primer MoU, las citas que nos esperan en septiembre son:
-Resultados de la auditoría del sistema bancario, a mediados de mes.
-Presentación de planes de recapitalización o disolución para aquellos bancos que han sido clasificados como del Grupo 2 (Bancos con necesidad de recapitalización que no pueden mantenerse solventes sin ayudas del Estado). Probablemente en este saco caigan casi todas las entidades financieras del país, con la excepción del Banco Santander y tal vez el BBVA. Esto significará seguramente la muerte de las cajas que todavía malviven en el entorno financiero. Dentro de este plan se incluirán los pasos necesarios para segregar los activos tóxicos, lo cual supone la creación del llamado "banco malo" en el cual se concentren para proceder a malvenderlos al mejor postor. La mayor parte de estos activos son viviendas, parte de ellas en construcción, la mayor parte de ellas terminadas y un porcentaje significativo habitadas pero en situación de hipoteca precaria (incobrable). Esto supondrá una nueva oleada de deshaucios, en cuanto dichas viviendas se adjudiquen.
-Tal y como era de prever, los planes de reestructuración supondrán también la aprobación de legislación acerca del "reparto de cargas". Bajo este eufemismo se denominan las pérdidas que deberán asumir los titulares de acciones preferentes y productos financieros híbridos tóxicos de las entidades afectadas por los planes de reestructuración. En consecuencia, el FROB aprobará una norma que impedirá a los afectados por la adquisición de estos activos recibir cualquier tipo de indemnización pública o privada y establecerá mecanismos de sustitución voluntaria para su saneamiento. Esto viene a significar que asumirán una "quita" que les causará graves pérdidas. Aunque tengo sentimientos enfrentados respecto del asunto, no me cabe duda que en un porcentaje elevado de casos estamos ante una estafa y por tanto no debería cerrarse la vía indemnizatoria. Los afectados deberán impugnar este reglamento en vía judicial (y deberían darse prisa, porque el plazo es de un mes) y posteriormente, si fuera declarado ilegal, deberán reclamar las indemnizaciones que procedan judicialmente. Por desgracia, al tener el MoU el rango de tratado internacional, eso lo convierte, de acuerdo con la Constitución, en una norma de rango legal cualificada (porque tiene primacía sobre las leyes internas en caso de conflicto). Por lo tanto, quizá habría que cuestionar la constitucionalidad del MoU, pero eso lo dejaremos para otra entrega.
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