El complejo industrial-militar y la financiación de armamento ilegal

Esta semana Die Zeit ha publicado un interesante artículo que habla sobre el último lucrativo negocio al que se están dedicando los bancos alemanes: la financiación de la industria armamentísca.  Tal vez recordéis las palabras del presidente americano Dwight D. Eisenhower anunciado el peligro que esto supone. Si no, no os preocupéis. Vuestro archivero favorito se ha encargado de traeros dicha grabación: 

Sin embargo, lo que llama la atención el artículo que he enlazado es acerca del volumen de negocio que los bancos alemanes están dedicando a esta clase de industria, normalmente a espaldas de sus clientes que tal vez tendrían algo que decir sobre ello. En concreto, nos dejan el siguiente cuadro donde se condensan los datos:

Lo grave de estas inversiones son algunas como las que realizan estos bancos (y aseguradoras, como el caso de Allianz) en empresas como Rheinmetall, que a pesar de la firma de Alemania del Tratado Internacional que prohíbe las bombas de racimo, que entró en vigor el 1 de Agosto de 2010, sigue financiando a esta empresa la cual sigue fabricando y ofreciendo esta clase de munición. En este informe de Cruz Roja se pone manifiesto la problemática que acarrea este tipo de munición y las trabas que ha puesto Alemania en su prohibición. La trampa de este tratado, el cual Alemania ha firmado, es que prohibe su fabricación a los Estados... pero no a las empresas en su territorio. Y esto es lo que hace del tratado papel mojado ya que la inmensa mayoría del armamento del mundo no es fabricado por los Estados directamente, sino por el antes mencionado "complejo industrial-militar". Cierto, el tratado prohibe que los Estados financien la fabricación de esas armas, pero nada impide que los bancos lo hagan. Y nada impide, tampoco, que el Estado financie a los bancos. De esta forma sutil el Estado alemán y muchos otros, como por ejemplo España siguen financiando la fabricación de estas y otras armas prohibidas por el ordenamiento internacional. Y por si no fuera poco, nuestro actual Ministro de Defensa Pedro Morenés participó activamente en la dirección de una de las empresas implicadas en la fabricación de este armamento y que además, ha autorizado al pago de 40 millones de euros a su antigua empresa, Instalaza, para compensarla por la firma de España del tratado. Esta es la forma en que nuestro Gobierno se dedica a "rescatar" a empresas que fabrican armamento ilegal con el dinero de nuestros impuestos mientras justifican amplios recortes a la educación, la sanidad, la justicia y otros servicios públicos.